Como parte del proceso de aprendizaje que no pudimos vivir muchos venezolanos, bien sea porque no habíamos nacido o porque éramos muy pequeños para comprender esa etapa de la Historia de Venezuela, les he traído un artículo que además de mostrarnos la formación del proceso democrático de nuestro país, nos enseña que las medidas económicas que se toman en cualquier nación para lograr el desarrollo económico de la misma no necesariamente tiende a fomentar una inflación ni un desequilibrio en las mismas, al contrario, se logra el progreso y se crean sólidas bases para el crecimiento de los países.

Rómulo Betancourt Expresidente de Venezuela (+)

Romulo Betancourt

"De la pluma de: Alberto Rodríguez Barrera"

Las sólidas bases de la democracia

El Gobierno civil de Rómulo Betancourt, entre 1959 y 1964, inicio de los cambios más profundos que ha tenido Venezuela en toda su historia y fundamentado en el acuerdo nacional signado por el Pacto de Punto Fijo, arrancó con una política del petróleo y del hierro claramente nacionalista. Se tutelaron y defendieron, para mayor conveniencia de Venezuela, las riquezas petrolíferas y ferrosas. No se concedieron a particulares nuevas concesiones, y esas reservas fueron declaradas patrimonio de la nación. Se creó la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), empresa estatal antecesora de PDVSA. Los avances hechos por la CVP en la comercialización de productos permitieron atribuir a esa empresa la distribución del 33% de los carburantes consumidos en el país.

Y con los grandes productores de petróleo del Medio Oriente se organizó un compacto internacional defensor de los precios de los combustibles hidrocarburados, con una alta participación en las ganancias por los pueblos de cuyo subsuelo se extrae esa fuente de energía. La creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) fue el hecho más importante en el empeño de los pueblos en proceso de desarrollo para defender y valorizar sus fuentes de materias primas. Se elevó en 95 centavos de dólar por barril la cuota-parte recibida por la nación, rendimiento mayor del que obtenía México de la industria nacionalizada, como también resultó más alta que en México la escala de sueldos, salarios y prestaciones sociales de los empleados y obreros de la industria en Venezuela.

La industria del acero nacionalizada, con sus altos hornos de la siderúrgica de Matanzas, entró en funcionamiento en 1962. Al año siguiente produjo 600.000 toneladas de acero, equivalente a la mitad de la capacidad instalada. Para 1969 llegaría a más de 5 millones, comenzado así a desaparecer la preocupación nacional por la dependencia exclusiva del petróleo. En torno al complejo siderúrgico de Guayana crecería el primer gran núcleo de la industria pesada en América Latina. Con enérgica decisión se promovió el desarrollo de una economía diversificada.

En 1963, después de reajustar la mala herencia de impuestos que recibió de la dictadura, el producto territorial bruto creció en un 5,8%. En ese año la producción petrolera creció sólo al ritmo de 1,5%, menos del 4% previsto en el Plan de la Nación. Y el producto de otros sectores, agricultura e industria, creció a una tasa promedio del 7%. La agricultura y la industria se vigorizaron al amparo de la protección aduanera; del financiamiento oficial en créditos otorgados con liberalidad; por la acometividad del sector empresarial, y la voluntad de obreros y campesinos.

Medidas de contingencia y tarifas aduaneras altas para las mercancías y productos de importación, y préstamos al sector privado de los bancos estatales encargados de promover el desarrollo, fueron los factores de primer rango para determinar el aumento a saltos, en volumen y en valor, de la producción en frutos de la tierra y en mercancía fabricadas en el país. De un 386% fue el aumento de los préstamos hechos por el Banco Agrícola y Pecuario a los agricultores empresariales y a los campesinos pobres, sobre lo prestado en el quinquenio anterior a 1958. En el período 1953-1957 se habían otorgado préstamos por apenas 270,2 millones de bolívares; en el quinquenio 1959-1964 esos préstamos se elevaron a 993,3 millones de bolívares. La Corporación Venezolana de Fomento prestó a los industriales a un promedio anual tres veces mayor que en el quinquenio precedente. De la misma manera sucedió con el Banco Industrial y la Comisión para el Financiamiento de la Pequeña y Mediana Industria. Durante el quinquenio el producto industrial creció a un ritmo del 8% anual; y el producto agrícola a una tasa del 6,5% anual, superior en una tercera parte al crecimiento entre 1951-1957.

El desarrollo industrial de Venezuela cumplió así una primera etapa: la de producir lo que antes se importaba, en un número apreciable de mercancías. Hecho que parece menor, pero que en avance autogestionario y empleo dice mucho más que las palabras. Ello impuso la necesidad o la conveniencia de incorporar al país al área de libre comercio. Se previó la creación del Mercado Común Latinoamericano.

En estos años no hubo inflación ni agravamiento de las condiciones económicas populares como consecuencia de la política de desarrollo. El costo de la vida fue estabilizado y se produjo un mejoramiento visible en el nivel de ingresos de los obreros, campesinos y sectores medios pobres. El aumento del costo de la vida, durante todo el quinquenio, fue de apenas el 1% anual. En el mismo período, el costo de la vida aumentó en México en un 11%, en Colombia en un 55% y en Perú en un 43%. En Argentina, Brasil y Chile el costo de la vida creció en los mismos años (1959-1964) a 708,7, 613,6 y 443,0, respectivamente.

La repartición del ingreso fue favorable al sector trabajo. Hubo una franca tendencia hacia las alzas de sueldos y salarios, gracia al regateo entre patrones y trabajadores, organizados en fuertes sindicatos y ligas campesinas. En 1960, el trabajo recibió el 61% del ingreso y el capital el 39% restante. Sin embargo, había conciencia de las distancias muy grandes entre lo que reciben de la renta nacional los menos sobre lo que llega a manos de los más, pero lograr una distribución realmente justiciera de la riqueza que el país genera es el objetivo que todo Gobierno debe plantearse siempre en términos de reto. Para Rómulo y Acción Democrática, contestar a ese desafío en forma favorable a las capas mayoritarias de la población es posible, dentro de los mecanismos de régimen democrático, que no debe ser sólo un sistema de libertades públicas sino también de justicia social.

La expansión educacional en todos los niveles; la defensa de la salud popular; la entrega de tierra y créditos al campesino pobre; y el aumento de la capacidad adquisitiva de los sectores laborales, significaron bienestar para la mayoría de los trabajadores de la ciudad y del campo. Y los inmunizaron contra el virus totalitario. La extrema derecha de por sí nunca tuvo receptividad en el pueblo venezolano para su mensaje antihistórico. Pero el vocerío comunista, reforzado por la circunstancia de la implantación comunista en Cuba, fue también rechazado por una colectividad laboriosa, que ya pudo ejercitar las libertades democráticas y tener acceso a la cultura y a un comienzo de bienestar. La política de cambio social resultó el mejor antídoto al contagio de un estilo regimentado de vida, que en la Cuba despotizada y arruinada de hoy tiene su arquetipo.

El fisco desfalcado y desorganizado que se encontró al iniciarse el gobierno, quedó en 1964 saneado y, en buena parte, ordenado. Se pagaron las deudas de la dictadura, y las que se contrajeron para impulsar el desarrollo del país, en condiciones sanas y previa aprobación legislativa, no guardan proporción, por lo exiguas, con nuestra potencialidad fiscal. 192 millones de dólares era el total de la deuda externa para diciembre de 1963. 744 millones de bolívares se dejaron en tesorería al finalizar el mandato, como superávit fiscal acumulado. 800 millones de dólares eran las reservas internacionales.

Al igual que el trienio 1945-1948, se manejaron con asepsia los fondos públicos. Hubo una auténtica moralidad administrativa. El peculado, el tráfico de influencias, el uso doloso del poder para el enriquecimiento ilícito, ya no se utilizaron en el palacio presidencial y en los despachos oficiales. Pervivieron prácticas de mal uso del dinero fiscal en algunos escalones subalternos de la administración pública. En un lapso de cinco años no resultaba posible erradicar vicios que vienen desde la Colonia. Lo importante, para hoy y para el futuro de Venezuela, es que el Presidente de la República, sus ministros e inmediatos colaboradores, fueron intraficables en eso de no tolerar las variadas formas de robar al fisco; salieron del gobierno sin la sucia huella del enriquecimiento ilícito, lo cual le dio capacidad al gobierno para solicitar y lograr la extradición del ex dictador Marcos Pérez Jiménez, haciendo del arrogante déspota un reo de delito común, preso en Caracas.

También existía para 1959 una honda zanja abierta entre la nación y las Fuerzas Armadas. Usurpando su nombre, diciéndose personero suyo, el despotismo había proyectado sobre el país una imagen negativa de la institución castrense. Fue tarea nada fácil, pero realizada con éxito durante la administración de Betancourt, la de limar recelos y desconfianzas entre el pueblo en uniforme y el resto de los venezolanos. Se demostró, con singular significación para Venezuela y América Latina en su conjunto, que las Fuerzas Armadas pueden ser leales a su obligación legal y a su definición institucional de sostener con las armas recibidas de la República al gobierno legítimamente constituido, sin pretender imponerle normas de conducta en política y administración. Los brotes de subversión protagonizados durante ese gobierno por oficiales desadaptados o ambiciosos fueron todos debelados en horas por las Fuerzas Armadas. Ellas recuperaron así la confianza del país, obteniéndose respeto y alejando el temor de que salieran de los cuarteles para amenazar la estabilidad de la democracia. Esta labor quedó abonada a la historia de la Fuerzas Armadas y las mantuvo en alto durante más de 40 años.

En el quinquenio 1959-1964 se inició en Venezuela una revolución democrática y social de tipo moderno, entendiendo por ello un cambio acelerado de estructuras económicas y de hábitos políticos. Se desbrozaron caminos nuevos para lograr que la colectividad nacional disfrutara no sólo del inestimable bien de la libertad, sino también que se promoviera el desarrollo económico y se lograra una más justa distribución del ingreso. Cambios enmarcados en normas legales, hechos con apego y respeto a procedimientos democráticos.

El esfuerzo sostenido con una tónica de fe en el país, en el discurrir de los cinco años, despertó la confianza en sí mismo y en orgullo de sí mismo en el pueblo venezolano. Más importante aún que los logros materiales y los cambios sociales alcanzados fue esa convicción que el pueblo adquirió de sentirse dueño de su propio destino, alfarero en la forja de su propio futuro (como hoy se demuestra en la lucha con un nuevo aspirante a dictador). Los tres millones de venezolanos –96 de cada 100 inscritos- que depositaron su voto en las elecciones de 1 de diciembre de 1963 para elegir a Raúl Leoni, ya no se sentían personeros de un gentilicio menguado, sino enaltecido y esclarecido. Y si el 52% de ellos votó por los partidos de la coalición de gobierno y si se eligió como sucesor de Betancourt a un austero repúblico formado en la misma fragua de Acción Democrática, fue porque el pueblo quería dar un veredicto favorable a la gestión político-administrativa realizada.

En estas Raíces, las actuales y futuras generaciones encontrarán datos y referencias de primera mano para formar su propio juicio acerca de esta etapa creadora de la vida nacional. Si construimos la democracia, debemos saber que tal verbo conjuga pasado, presente y futuro, y es una tarea que nunca termina.